Redujeron y descartaron miles de condenas por marihuana en California
La exención masiva concedida el 5 de febrero en el Tribunal Superior de San Diego afecta a unos 26.000 casos de delitos graves y 1.000 de delitos menores.
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S — El mes pasado, con el trazo de un bolígrafo de una jueza de la Corte Superior de California, casi 26.000 personas con condenas por delitos graves por marihuana en sus antecedentes pasaron a tener condenas por delitos menores.
Además, fueron desestimadas por completo las condenas por delitos menores -también vinculadas con marihuana- de unos 1.000 individuos.
Las medidas se produjeron en una orden de tres páginas firmada por la jueza de la Corte Superior del condado de San Diego Eugenia A. Eyherabide, el 5 de febrero. La reducción masiva y las anulaciones se produjeron casi un año después de que la fiscalía de distrito del condado de San Diego presentara una lista de casos a asistir, como parte de una ley estatal que exigió la presentación de casos elegibles.
La rara anulación del veto se produjo mientras el Ayuntamiento de Los Ángeles y el alcalde Eric Garcetti intentan resolver cómo gastar los fondos recortados a la policía de Los Ángeles para ayudar a las comunidades de color.
La ley fue una consecuencia de la Proposición 64, una medida aprobada por los votantes en 2016 que legalizó parte del uso de marihuana y permitió la reducción o la anulación de penas de aquellos previamente condenados por la mayoría de los delitos relacionados con la sustancia.
La ley estatal exhortó al Departamento de Justicia y los fiscales locales a revisar y compilar todos los casos elegibles, y a enviar la lista a los tribunales locales antes del 1º de julio del año pasado.
La fiscal de distrito, Summer Stephan, cumplió con la pauta y presentó una lista de casos en febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia, que causó prácticamente el cierre total de los tribunales durante algún tiempo, y una desaceleración general de la actividad judicial. Esa merma en las tareas fue una de las principales razones por las que la concesión de la moción tomó casi un año.
Tres de los cuatro brotes más letales en residencias de ancianos de California se produjeron en instalaciones que se ofrecieron a recibir pacientes con COVID-19 procedentes de hospitales sobrecargados. El Kei-Ai de Los Ángeles lideró todos ellos.
Aunque los cargos ya fueron modificados, podría llevar algún tiempo extra actualizar los registros judiciales individuales para reflejar los cambios, una logística en la cual se está trabajando en este momento, según indicó la portavoz de la Corte Superior del Condado de San Diego, Emily Cox.
La oficina del defensor público puede ayudar a las personas a limpiar sus registros mediante el programa Fresh Start, añadió la defensora pública adjunta Kate Braner. Aunque la orden de la magistrada Eyherabide entró en vigencia de inmediato, el tiempo de espera para actualizar los datos individuales podría causar problemas a aquellos que se someten a verificaciones de antecedentes o de ciertas licencias que se basan en la indagación en registros judiciales.
Para información acerca del programa, se puede enviar un correo electrónico a [email protected].
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
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