Una madre mexicana que huía de la violencia doméstica envió a sus hijos a California. Murió tratando de seguirlos

Hace unos meses, después de que su esposo se fuera a trabajar, Carolina Ramírez Pérez llamó a su hermano a California y le dijo que necesitaba escapar de su casa con sus hijos.

Pérez, una mujer indígena que vivía en el estado mexicano de Oaxaca, ya no podía aguantar más a su esposo, quien había abusado de ella físicamente durante años y no la dejaba salir libremente de la casa, recibir visitas o hablar con su familia, relató su hermano.

Pero el viaje para encontrar la libertad terminaría con la muerte de la madre de 32 años. El 2 de marzo, después de romper una sección de la valla fronteriza entre Estados Unidos y México, una camioneta que transportaba a Pérez y a otros 24 individuos fue embestida por un camión en Imperial. Trece personas, incluida Pérez, murieron.

Dejó hijos en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos, dos niños de 10 y 2 años, así como una niña de 5, que ella había enviado poco antes de hacer el intento por cruzar. En México, una niña de 14 años que vive con su abuela. Ambas viajaron a Tijuana y se les concedió un permiso humanitario para asistir a los servicios funerarios en Los Ángeles.

“En medio de la violencia, lo único que quería hacer era tratar de encontrar la manera de sacar a sus hijos”, comentó Ramírez, hermano de Pérez, quien pidió ser identificado solo por su apellido por temor a represalias de su marido. “Ella estaba completamente dedicada a sus hijos”.

Murieron 13 personas en el accidente en Imperial.

(Paul Duginski)

Pérez, que hablaba español y mixteco, una lengua indígena, creció en Coicoyán de las Flores, un municipio de Oaxaca con 10.000 habitantes, según cifras del gobierno. Aproximadamente el 80% de la población vive en extrema pobreza.

Alrededor de los 15 años, Pérez se casó con Martín López Ruíz, 8 años mayor que ella, en un arreglo aprobado por su abuela, indicó su hermano. Abandonó la escuela preparatoria después de ser intimidada por estudiantes por estar casada.

Varios años después de su matrimonio, Pérez y Ruíz cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México en busca de mejores oportunidades económicas. Dejaron a una niña de 2 años al cuidado de la madre de Pérez.

Se establecieron en Santa Bárbara y Pérez dio a luz a un niño. Ramírez dijo que Ruíz la había abusado en México, pero que la violencia empeoró en California y un día ella lo denunció a la policía. El Times no pudo comunicarse con Ruíz para hacer comentarios.

Según el departamento de policía de Santa María, en diciembre de 2012, los oficiales recibieron una llamada sobre una pelea doméstica. La víctima les dijo a los agentes que estaba preparando una comida cuando Ruíz entró y que podía notar que había estado bebiendo. Él se enojó y la pateó, lo que la hizo caer y amenazó con matarla si llamaba a la policía, explicó.

Ruíz fue arrestado y acusado de agresión, de amenazas criminales y de disuadir a un testigo mediante amenazas. Unos días después, un juez emitió una orden de restricción en su contra.

Ruíz fue condenado en febrero de 2013 por disuadir a un testigo y, al mes siguiente, se le concedió el regreso voluntario a México, según Alexx Pons, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Pérez se quedó en California con su familia, recibiendo asesoramiento. Su esposo la llamaba con frecuencia, insistiendo en que regresara a México. Comenzó a amenazar con quitarle a su hija a la madre de Pérez y también con lastimar a su suegra, comentó Ramírez.

“Carolina sabía que él era muy violento y tenía miedo de que esto fuera real, de que realmente lo hiciera”, agregó.

Pérez regresó con su hijo nacido en Estados Unidos y los dos vivían con Ruíz y su hija. Pero el abuso continuó, señaló su hermano.

Ruíz golpeaba a su hija y la encerraba en su casa, no la dejaba salir ni para ir a la tienda, comentó su hermano. Ramírez la veía de vez en cuando y ella le mostraba los lugares donde decía que Ruíz la había golpeado.

Tuvo otros dos hijos con su esposo. En un momento, la hija mayor volvió a vivir con su abuela.

Finalmente, a fines de enero pasado, Pérez y sus tres hijos que vivían con ella y Ruíz viajaron a la frontera. Los niños cruzaron primero, luego ella se preparó para el viaje.

Se comunicó por WhatsApp con su hermano en las horas previas al accidente. La última vez que le escribió fue casi a la 1 a.m. del 2 de marzo, cuando dijo que creía que estaba a punto de subirse a un automóvil para cruzar.

“Le envié un mensaje: Cuídate mucho”, dijo Ramírez.

Él cree que ella apagó su teléfono porque se dio cuenta de que nunca abrió ese mensaje de texto.

Ramírez esperaba saber pronto si su hermana había logrado cruzar, pero no escuchó nada. Se puso en contacto con una persona que la había estado ayudando y finalmente le dijeron que el automóvil se había impactado.

Él comenzó a buscar noticias en internet. Llamó al consulado mexicano y, más tarde esa noche, los funcionarios confirmaron que su hermana había muerto.

Hugo Castro, un activista de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, coloca cruces en la escena del accidente.

(Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

Cynthia Santiago, abogada que representa a la familia, sostiene que el padre de los niños es una amenaza para ellos. Han estado recibiendo ayuda de CIELO, una organización indígena en Los Ángeles, para realizar los servicios funerarios. GoFundMe ha recaudado más de $8.000.

“Tratamos con estas historias todos los días, pero no todas llegan a las noticias”, comentó la cofundadora de CIELO, Odilia Romero. “Creo que lo que la gente debe entender es que no migramos por elección”.

Santiago dijo que aún no está claro quién tenía la custodia de los niños, pero las historias de madres que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México con sus hijos para huir de la violencia doméstica son comunes.

Jeffrey Edleson, profesor de la Escuela de Bienestar Social de UC Berkeley que ha estudiado casos de este tipo, señaló que las madres mexicanas que traen a sus hijos a Estados Unidos, en contra de los deseos del otro padre, a menudo alegan violencia doméstica contra ellas o sus hijos y sienten que no están protegidas por la policía.

El padre que permanece en el país de origen puede presentar una petición en virtud de la Convención de la Haya sobre Secuestro Parental Infantil, un tratado internacional, para que le devuelvan a su hijo. Un tribunal puede denegar la restitución del niño por determinadas razones, incluyendo si existe un riesgo grave de que su regreso lo exponga a daños físicos o psicológicos, o si lo coloca en una situación intolerable.

Pero es raro que estos casos lleguen a los tribunales. Muchos padres no saben que pueden emprender acciones legales o carecen de los recursos. Aquellos que tienen antecedentes de abuso pueden no querer un escrutinio legal.

“Parece poco probable que, si alguien ya está violando la ley a través de amenazas o abusos, quisiera ir a la corte y demostrar que es un buen custodio de los niños”, señaló Hollie Webb, abogada de Al Otro Lado, un grupo de ayuda legal para inmigrantes.

La madre de Pérez, Juliana Pérez López, y su hija de 14 años, Michel, volaron a Tijuana después del accidente y se quedaron en una casa que está a 10 minutos en auto de la frontera. Sentada en la cocina frente a un plato de tamales que había preparado López, la hija y la abuela hablaron sobre la vida de Pérez.

Con Michel tratando entre lágrimas de traducir las palabras de su abuela, del mixteco al español, López contó cómo Pérez y sus hijos habían pasado por su casa en Coicoyán de las Flores camino a la frontera. Ella comentó que su hija le dijo que también quería venir a Estados Unidos para buscar una mejor educación para sus hijos y ganar suficiente dinero para comprarle a ella una casa más grande donde algún día pudieran vivir juntos.

Pero ahora, la familia se ha quedado en duelo.

“Trato de no pensar en el accidente”, comentó López en voz baja.

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