La Patrulla Fronteriza abrevió el papeleo de los migrantes para acelerar el proceso. “No nos dijeron nada”, dice un migrante.
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El migrante hondureño Joaquín Padilla Núñez prestó poca atención al papeleo que le entregó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos después de cruzar el Río Grande durante el fin de semana, junto con su esposa y su hija de dos años.
Fue apenas el domingo, cuando su familia llegó a un refugio improvisado en la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe, en el Valle del Río Grande de Texas, que Padilla, de 27 años, se dio cuenta de algo extraño.
Mientras que otros migrantes habían recibido paquetes de documentación, incluida una fecha para comparecer en la corte de inmigración, él tenía una sola hoja con su foto, huella digital y una oración orientativa, en inglés, que no podía leer: “Este documento no expresa ningún estatus legal de inmigración”.
A media docena de migrantes en el refugio se les había emitido una documentación abreviada similar. Mientras veían a sus hijos jugar en un patio de recreo en el exterior de la escuela de la iglesia donde habían dormido, los migrantes debatían si su papeleo les permitiría permanecer en el país legalmente, viajar, trabajar y matricular a sus hijos en clases.
“¿Es esto un permiso?”, se preguntó la hondureña Josely Vigil Paz, de 31 años.
La Patrulla Fronteriza se vio abrumada intentando recopilar información y examinar rápidamente a las familias de migrantes en áreas de detención fronterizas -ya superpobladas- antes de decidir si liberarlas, detenerlas o expulsarlas. Los agentes están a punto de atestiguar el máximo de dos décadas en la cantidad de migrantes que llegan a la frontera, principalmente en el Valle del Río Grande: más de 130.000 individuos desde que comenzó el año fiscal, en octubre pasado, una cifra mayor a lo que vieron allí en todo el año anterior.
Al mismo tiempo, el estado mexicano frente al Valle del Río Grande, Tamaulipas, se negó a permitir que Estados Unidos envíe de regreso a muchas familias con niños menores de siete años, afirmaron los defensores de los migrantes. Durante el mes pasado, cientos de familias fueron liberadas diariamente en el Valle del Río Grande, 350 el domingo únicamente en McAllen, Texas, según defensores de los migrantes. El fin de semana pasado, la Patrulla Fronteriza comenzó a acelerar la liberación de las familias al eliminar los avisos de comparecer en la corte de inmigración para muchos, lo cual generó confusión.
Funcionarios de Seguridad Nacional emitieron un comunicado, el domingo, diciendo que si México no tenía espacio para que Estados Unidos expulsara a una familia de migrantes, estos serían liberados y “puestos en procedimientos de inmigración para iniciar su expulsión de EE.UU”.
“En algunos casos, las familias pasan a procedimientos de deportación más adelante en el proceso, en lugar de mientras están en la estación de la Patrulla Fronteriza”, explica el comunicado. “Sin embargo, todas las familias son examinadas en la estación de la Patrulla Fronteriza; allí se realiza la recopilación de información biográfica y biométrica y la verificación de antecedentes de seguridad nacional y penales”.
El lunes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que la mayoría de las familias migrantes estaban siendo enviadas de regreso a México en el marco de una regla instituida por la administración Trump al comienzo de la pandemia y prolongada por la administración Biden, aunque no detalló cuántas familias estaban siendo expulsadas y cuántas liberadas en EE.UU.
“En las muy estrechas circunstancias en las que las familias no pueden ser expulsadas” a México, son liberadas en EE.UU, indicó Psaki, pero aún así están “sometidas a procedimientos de inmigración”. La funcionaria no especificó en qué tipo de procedimientos de inmigración se coloca a las familias.
“No necesitan una cita en la corte ni un aviso para comparecer porque ya se determinó que serán enviadas de regreso a sus países de origen”, añadió Psaki.
No está claro a qué familias se refería la secretaria, y ciertamente no es eso lo que los migrantes creen cuando son liberados en el Valle del Río Grande y trasladados a un centro de descanso de Caridades Católicas, dirigido por la hermana Norma Pimentel, para hacer arreglos de viaje. Su papeleo va en sobres manila que tienen instrucciones de viaje escritas en el exterior. Una vez que llegan a sus destinos, expresó Pimentel el lunes, “les estamos diciendo a todos que deben registrarse en la oficina de inmigración más cercana”.
Nelson Pineda Guzmán, de 32 años, un productor de café hondureño, fue liberado el domingo pasado con su hijo, Justin Pineda Castillo, de cinco años. Planeaba viajar para reunirse con amigos en Luisiana, pero no entendía qué era lo que tenía permitido hacer en Estados Unidos según ese papeleo.
“No nos dijeron nada”, aseguró Pineda sobre los agentes de la Patrulla Fronteriza que lo procesaron a él y a su hijo después de que cruzaron el río en una balsa de contrabandistas, el viernes.
Pineda no pudo decir si solicitaría asilo. “No estoy pensando en eso porque no nos dijeron nada al respecto”, afirmó.
“Simplemente nos dijeron que teníamos que respetar la ley”, agregó por su parte Walter Caal Choc, de 23 años, un trabajador agrícola guatemalteco que emigró con su esposa y su hijo de dos años, quien no entendía el contenido del papel que le había dado la Patrulla Fronteriza.
Algunos de los migrantes creyeron erróneamente que tenían 90 días para solicitar permiso para permanecer en EE.UU; que ya tenían permiso, o que su documentación contenía un número de teléfono para comunicarse con los funcionarios de inmigración después de salir de la frontera para reunirse con su familia.
Los migrantes que quieren asilo deben solicitarlo dentro de un año de su llegada, afirmó Charlene D’Cruz, directora del Lawyers for Good Government’s Project Corazon, con sede en el Valle del Río Grande, que ha brindado servicios legales gratuitos a los solicitantes de asilo en México.
Cruz está creando una presentación para mostrar a los recién llegados en las estaciones de autobuses y refugios, que les explicará sus derechos. “Es algo protocolar”, comentó.
La documentación abreviada que la Patrulla Fronteriza emitió esta semana debería permitir que los migrantes viajen y matriculen a sus hijos en la escuela, añadió D’Cruz. Pero no los habilita a trabajar ni a crear casos de asilo.
“Están en un limbo”, enfatizó Jodi Goodwin, una abogada de inmigración del Valle del Río Grande.
Jenny Granadino Guillén, de 25 años, una migrante salvadoreña que trabajaba como estilista, relató que los agentes de la Patrulla Fronteriza le dijeron que “necesitaba de esos papeles para quedarse aquí legalmente”.
Granadino planea solicitar asilo después de viajar con sus dos hijos, Allison, de siete años, y Juan Carlos, de cinco, a Abilene, Texas, para reunirse con su tío, cuya esposa es ciudadana estadounidense. Pero expuso que otros migrantes en el refugio de la iglesia temían contactar a los funcionarios de inmigración una vez que estaban con sus familias, porque algunos de sus parientes están en el país sin autorización.
Digna Canán López, de 27 años, una madre soltera hondureña que emigró con su hijo Eric, de cinco, planeaba viajar para reunirse con su hermana en Ojai, California, quien lleva cuatro años viviendo en Estados Unidos sin estatus legal, según Canán. ¿Necesitaría llenar algún papeleo judicial al llegar allí?, se preguntaba. “¿Deberé completar algo para que él estudie?”. “Quiero que alguien me lo explique”, expresó, sosteniendo un sobre manila. “No me informaron nada, solo nos dieron esto”.
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