El sector educativo puertorriqueño en horas bajas por los recortes
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San Juan — El sector educativo en Puerto Rico vive uno de sus momentos más bajos con el cierre de casi 200 escuelas públicas y una universidad estatal paralizada, con el origen común de los recortes financieros.
La secretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher, dijo hoy que el cierre de cerca de 200 escuelas es definitivo, decisión criticada por padres y maestros por entender que repercutirá en último lugar en los estudiantes.
La decisión, hecha pública a finales de la pasada semana, provocó protestas durante la jornada de hoy con manifestaciones en varias escuelas.
El pasado día 5, Keleher anunció el cierre de, en concreto, 179 escuelas, lo que repercutirá en 27.000 alumnos y cientos de maestros, medida que el Departamento de Educación espera que genere ahorros millonarios.
“Todo este proceso se ha realizado teniendo como prioridad a los estudiantes”, dijo Keleher sobre una iniciativa que responde a la dramática caída de alumnos y la situación de las finanzas públicas.
Los problemas en el sistema educativo de la isla son todavía más graves a nivel superior, debido a la huelga que mantiene paralizada la mayoría de los centro de la estatal Universidad de Puerto Rico (UPR), a causa, también, de los recortes millonarios.
Los estudiantes de la UPR mantienen paralizado desde hace un mes los recintos de la entidad educativa, incluido el emblemático campus de Río Piedras de la capital, a causa de unos recortes que entienden no garantizan un nivel de calidad mínimo.
El ánimo de los estudiantes se ha caldeado después de que a finales de la pasada semana el Tribunal Apelativo determinara que se reabran los portones del campus de Río Piedras, con fecha límite del próximo jueves.
El Consejo General de Estudiantes de la UPR, recinto de Río Piedras, dio hoy a conocer hoy que no acatará la orden, además entregar una propuesta de legislación encaminada a cubrir los recortes presupuestarios que exige la Junta de Supervisión Fiscal, entidad federal impuesta por Washington al Gobierno local.
La estudiante Mariana del Alba, del comité negociador, detalló que esas propuestas legislativas permitirían recaudar cerca del 500 millones de dólares, una cantidad similar a la que la Junta de Supervisión Fiscal propone ahorrar en la entidad universitaria.
Las medidas de los estudiantes suponen gravar con un impuesto del 11,5 % a las viviendas con un valor de tasación por encima el millón de dólares, eliminar leyes que brindan exenciones contributivas a inversiones extranjeras y la asignación a la UPR por parte del Departamento de Educación de contratos de consultoría.
La fecha límite para que se levante en control de acceso de los estudiantes que mantiene paralizada la UPR desde hace un mes estará precedida, el miércoles, por la celebración de una asamblea general de estudiantes para decidir si se acata la decisión del tribunal.
La estudiante Itzaira González, portavoz del movimiento estudiantil, anunció que en caso de que se ratifique el voto de huelga los portones permanecerán cerrados.
El presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), José Torres, anunció que los afiliados a ese sindicato no cruzarán las puertas de las instalaciones de la UPR en el caso de que los estudiantes ratifiquen el mantenimiento del paro.
Contra la paralización de la UPR seis estudiantes presentaron una demanda ante los tribunales en la que se exige a la dirección universitaria a cumplir con su derecho contractual de ofrecer clases y mantener abiertos los recintos.
La protesta da continuidad a una larga tradición de lucha de los estudiantes de la UPR, que registró uno de sus eventos más destacados en diciembre de 1947, cuando se bajó la bandera de EE.UU. en la UPR de Río Piedras para izar la de Puerto Rico, incidente que provocó ciento de estudiantes expulsados, arrestos y la prohibición de manifestaciones.
La década de los 60 del pasado siglo volvería a ver incidentes, esta vez relacionados con la presencia en la UPR del ROTC estadounidense, un programa que prepara a jóvenes para convertirse en oficiales de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. que algunos estudiantes querían fuera del campus.
En 1970 en uno de esos incidentes murió un estudiante mientras observaba una protesta desde un balcón en la Avenida Ponce de León.
El alza de la matrículas provocó en 1981 más de un mes de cierre, con incidentes que incluyeron el uso de armas de fuego.
Las últimas protestas se remontan a los años 2010 y 2011, cuando un recorte millonario del presupuesto paralizó la actividad universitaria varios meses.
