Puerto Rico anuncia acuerdo para reestructurar deuda del Banco Gubernamental

San Juan — El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) lograron un acuerdo para reestructurar la deuda con un “grupo significativo” de acreedores de esa entidad.

Una vez aprobado el acuerdo por los acreedores requeridos, la Junta de Supervisión Fiscal y el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Puerto Rico, se permitirá a los acreedores del BGF (brazo financiero del Gobierno en vías de liquidación), incluyendo bonistas y depositantes, intercambiar sus créditos por uno de los tres tipos de bonos que emitirá una nueva entidad municipal y que estos seleccionen.

Estos nuevos bonos tendrán, entre otros términos de pago, diferentes niveles de repago del capital principal y de los tipos de interés, y prioridad de colateral (derecho de los acreedores al colateral o activo financiero que garantiza sus préstamos a fin de que se cubran).

Como parte del acuerdo de reestructuración (RSA, acrónimo en inglés), los acreedores del BGF convinieron reducir sustancialmente la cantidad del capital principal de la deuda.

Esta reestructuración no depende de fondos provenientes del Fondo General del Gobierno central.

El acuerdo también contempla el pago en efectivo a los municipios de la isla que tienen depósitos en el BGF.

A los acreedores del BGF se les debe casi 4.000 millones de dólares.

En su comparecencia antes los periodistas en La Fortaleza, sede el ejecutivo, Rosselló aseguró que se trata de una “acuerdo histórico” y una “muestra de la apertura del Gobierno para negociar de buena fe con los bonistas”.

“Este acuerdo es un ejemplo de que el Gobierno está recuperando la credibilidad que había perdido durante los pasados años”, dijo el gobernador, quien insistió en que su ejecutivo “ha buscado soluciones de manera transparente”.

Además consideró que es una “muestra” de negociación de “buena fé” e indicó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobará esta transacción.

La Junta de Supervisión Fiscal establecida por el Congreso de EEUU para afrontar la crisis financiera de Puerto Rico aprobó en abril la liquidación del BGF.

Puerto Rico se declaró en 2016 insolvente para pagar una gigantesca deuda y, ante las amenazas de los acreedores de mantener juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez, solicitó la colaboración de EEUU, país del que es un estado libre asociado.

De ahí surgió la denominada Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en sus siglas en inglés), aprobada en 2016 por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda y a raíz de que EEUU se negara a acudir al rescate de Puerto Rico.

El ingente endeudamiento de la isla tiene su origen en las millonarias emisiones de deuda del Gobierno de Puerto Rico, cuyos títulos eran muy apreciados por estar exentos de pagar el impuesto sobre la renta en EEUU, lo que provocó una elevada demanda de los ahorradores estadounidenses.

Aunque el Ejecutivo puertorriqueño ha tratado de presentar el desenlace como el único posible dada su falta de liquidez hay también miles de pequeños ahorradores de la isla con títulos de deuda que el Gobierno no puede devolver que se verán afectados.

Este es el segundo acuerdo voluntario que logra la isla desde 2015 cuando el AAFAF llegó a buen puerto con el Grupo Ad Hoc de los bonistas AEE que logró ahorros de 2.200 millones de dólares para Puerto Rico.